Uno de los aspectos más destacados de este caso es la implicación del abogado Gonzalo Boye, quien se sentará en el banquillo junto a otros forty seven acusados por su presunta participación en la «operación Mito».
Los lavadores de dinero no siempre necesitan obtener ganancias, ya que el fin es el de invertir o circular el dinero obtenido de manera ilícita.
Pese a que en este artworkículo hablamos del blanqueo de capitales en vía penal, resulta muy relevante conocer la regulación administrativa al respecto, en concreto la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, dado que es la norma que establece, entre otras cosas, quiénes son los sujetos obligados que deben facilitar información sobre operaciones financieras, las medidas que deben implementarse para prevenir la comisión de este delito y las consecuencias sancionatorias que derivan del incumplimiento de esas obligaciones.
A la hora de hablar de dinero negro, nos encontramos ante una circunstancia bastante adversa, ya que prima por encima de todo la obligación que tiene cualquier entidad bancaria de informar a la autoridad competente acerca de la procedencia de esa cantidad monetaria. En este sentido, la Ley ten/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales contempla tal supuesto.
Si te preocupa saber si tu empresa cumple con las regulaciones legales en materia de blanqueamiento de dinero, puedes solicitar una consulta con nosotros y haremos una evaluación detallada de la situación.
Recuerda que es importante contactar a varios abogados y programar una consulta para discutir tu caso específico antes de tomar una decisión sobre a quién contratar.
Sea como fuere, hablar de imprudencia a nivel penal implica necesariamente hacer referencia a la infracción de una norma de cuidado.
El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.
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Para que nos puedan condenar por este delito, debemos tener participación y conocimiento en la actividad.
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Asimismo, el Juez puede imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria navigate here por tiempo de 1 a three años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento.